Análisis y objetivos

  1. Introducción. La era de la internacionalización y sus efectos en el mercado laboral

La estrategia declarada para la salida de la crisis económica pasa por un incremento en la globalización de las empresas españolas. Hacia ella se han dirigido muchas de las políticas públicas adoptadas en los últimos años. Ello ha provocado un sustancial aumento de la movilidad internacional de los trabajadores en nuestro país, interés que anteriormente no ha existido.

La estrategia declarada para la salida de la crisis económica pasa por un incremento en la globalización de las empresas españolas.

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Históricamente, debido al carácter peninsular de nuestra geografía, la movilidad internacional de los trabajadores y los desplazamientos de trabajadores hacia dentro y hacia fuera han sido reducidos con la consiguiente baja conflictividad de dichos supuestos.

Correlativamente, la doctrina ha estudiado relativamente poco estas situaciones de impatriados y expatriados precisamente por esta falta de conflictividad. No obstante, con la globalización de las empresas a nivel mundial y, específicamente, a nivel español, la conflictividad viene aumentando en los últimos años y con ella sus consecuencias en el mercado laboral.

La globalización e internacionalización de las empresas cada vez afecta más a su capital humano: desde la apertura de nuevos centros de trabajo en diferentes países, hasta la movilidad dentro de los grupos de empresa multinacionales, pasando por la prestación de servicios desde un país a otro, cada vez son más las posibilidades de que un contrato de trabajo tenga algún elemento de extranjería.  La situación geográfica y la política de autarquía de hace unas décadas de nuestro país ha ocasionado -en comparación con otros países como Bélgica o Luxemburgo- una profunda despreocupación por las cuestiones internacionales en materia laboral.

La globalización e internacionalización de las empresas cada vez afecta más a su capital humano.

Sin embargo, sería temerario seguir ignorando el complejo sistema normativo configurado, pues la despreocupación -o poca utilización- del Derecho Internacional Privado en materia laboral en nuestro país no ha evitado que las instituciones europeas hayan elaborado un complejo sistema de reglas para dar soluciones a los diversos conflictos que puedan surgir en un contrato de trabajo con un elemento de extranjería. Dos cuestiones son las que, principalmente, se pretenden solucionar: i) Ante los tribunales de qué Estado se puede litigar en caso de conflicto en una relación laboral; y ii) El Derecho de qué Estado es aplicable a una concreta relación laboral. De hecho, la Unión Europea, actualmente, baraja una Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Dicha propuesta de Directiva acredita la actualidad de este proyecto de investigación y, al mismo tiempo, justifica la necesidad de conocer en profundidad la normativa española y europea en vigor.

Tratándose de una Directiva, nuestro país, en su momento, deberá adaptarla a nuestro ordenamiento interno, por lo que uno de los objetivos que este proyecto pretende es ordenar la normativa vigente que requerirá ser modificada debido a la Directiva, proponiendo posibles adaptaciones y mejoras.

De esta forma, partiendo de la generalizada globalización de las empresas y de los trabajadores, pudiendo unas y otros desarrollar su actividad en países distintos del de su nacionalidad de origen, resulta imprescindible averiguar cuál sea la nacionalidad de la legislación aplicable a las distintas relaciones laborales que unas y otros constituyen, respecto del contrato individual de trabajo, de las relaciones colectivas de trabajo y de la Seguridad Social (el “ius” aplicable) y cuál sea la jurisdicción competente para conocer de los conflictos que surjan entre ellos (el “forum” competente). Paralelamente, resulta necesario clarificar el régimen aplicable a los trabajadores desplazados a España que adquieran la residencia fiscal en España (“impatriados”), así como el correspondiente a los trabajadores desplazados al extranjero (“expatriados” ) sin perder la residencia fiscal en España.

II.- Problemas jurídicos planteados por la movilidad internacional de trabajadores.

El análisis de tan complejas cuestiones requiere, en un primer momento, detectar y solventar los temas que se suscitan en todas aquellas situaciones en las que pueden encontrarse los trabajadores. Unas cuestiones que poseen, por ello, un carácter transversaly que con el objeto de no tener que ser tratadas repetidamente deben agruparse de forma previa.

1.- En primer lugar, en el análisis jurídico de las relaciones laborales internacionales ha de tenerse presente que la resolución de las controversias que pudieran surgir y la determinación de la normativa aplicable a tales relaciones se encuentran en planos diferentes, pese a las indudables relaciones existentes entre ambos aspectos en su fundamentación teórica y puesta en práctica, contando cada uno de ellos con una distinta reglamentación e incluso con dispares orientaciones en la formulación y en las soluciones que ofrecen, lo que sin duda determina la dificultad del tema.

Así, de un lado, se plantea la cuestión de determinar el concreto tribunal estatal ante el que puede presentarse una demanda, cuestión que deben resolver las normas sobre la competencia judicial internacional, diferenciando entre los litigios relativos al contrato individual de trabajo, los que afectan a las relaciones colectivas de trabajo y los referidos a la Seguridad Social.

De otro lado, una vez determinado el Tribunal estatal competente, habrá que localizar la norma sustantiva que va a regular el fondo del litigio. Una labor que se llevará a cabo generalmente por medio de las normas de conflicto presentes en el sistema de Derecho Internacional Privado del Estado del juez o tribunal. Aspecto éste en el que el “principio de territorialidad” tendrá una singular fuerza debido a la importancia del orden público social que inspira el Derecho del Trabajo y a la consiguiente abundancia de normas laborales imperativas.

Además, con el objetivo de evitar la competencia desleal y promover el principio de que un mismo trabajo en un mismo lugar debe remunerarse igual, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los últimos años ha establecido resoluciones que afectan al salario mínimo aplicable a los trabajadores desplazados dentro de la Unión Europea.

La libertad de prestación de servicios en conjunto con los diferentes salarios mínimos –y regulaciones convencionales- de los diferentes países de la UE pueden utilizarse con el objetivo de proveer servicios a menor coste según el país donde esté ubicada la empresa. Ello conduce a una carrera a la baja de derechos laborales en los diferentes países de la Unión, puesto que aquellos países más proteccionistas con sus trabajadores pueden verse despoblados de empresas que se trasladen a terceros países desde donde realicen su actividad.

De esta manera, el principio de “territorialidad” en la prestación de los servicios parece estar implantándose. No obstante, el alcance de dicho principio todavía es muy incierto. Dentro de la Unión Europea existen diferentes países sin un salario mínimo y, además, algunos países confían en la negociación colectiva para establecer un salario mínimo profesional. De esta manera, surgen dudas respecto a si esta reciente doctrina ampara los salarios mínimos de convenio o solamente los de origen legal.

Por otra parte, el incremento de la movilidad de los trabajadores provoca problemas respecto al llamado “turismo social”, que ya tienen su reflejo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y respecto a los objetivos básicos de la Seguridad Social y su financiación. Los modelos nacionales de Seguridad Social están pensados para trabajadores que pasan su vida trabajando en dicho país, de forma que el trabajador cotiza un mínimo de años –bastante extenso- en un país, que será el que posteriormente sufrague la jubilación. Sin embargo, desde que se incrementan los niveles de movilidad internacional intraempresa –dentro de la misma empresa pero con prestaciones en diferentes países- y entre empresas –el trabajador presta servicios en diferentes empresas ubicadas en diferentes países- el sistema abandona su reciprocidad. Desde la perspectiva del trabajador, y ante la falta de convenios internacionales, pueden perderse años cotizados al no llegar al mínimo. Desde la perspectiva de la empresa, en la movilidad intraempresa, y a falta de convenios específicos, pueden existir dobles imposiciones por parte de los diferentes Estados. Por su parte, desde la perspectiva del Estado, aquellos Estados que protejan la jubilación de los trabajadores con mayores tasas recaudatorias pueden verse reducidos en su capacidad de financiación del sistema, si las empresas pueden elegir dónde cotizar por sus trabajadores como consecuencia de la movilidad internacional de los trabajadores. En fin, una solución global para este mundo globalizado se echa en falta.

2.-En segundo lugar, la multiplicidad de supuestos planteables no debe impedir la realización de una sistematización de las normas que los regulan, aunque, eso sí, esta ordenación normativa se llevará a cabo principalmente desde la óptica del Derecho español. En este sentido, no está de más recordar que, pese a la creciente labor codificadora (internacional y comunitaria) que se está realizando en esta materia, las fuentes del Derecho Internacional Privado son las de cada Estado implicado. Por ello, hay que situarse principalmente en el sistema de Derecho Internacional Privado español, atendiendo desde luego a las fuentes internacionales y comunitarias que informan nuestro ordenamiento jurídico. Estas últimas se sitúan en planos distintos, excluyéndose las unas a las otras en su respectivo ámbito de aplicación. Resulta, pues, erróneo acudir conjuntamente a preceptos situados en dimensiones distintas para determinar el derecho aplicable o la jurisdicción competente.

III. Estado actual de los conocimientos científicos de la materia.

Como consecuencia de las situaciones políticas y geográficas de nuestro país y de la escasa globalización de nuestros trabajadores y empresas hasta tiempos recientes, los estudios elaborados acerca de la regulación sobre la movilidad internacional de los trabajadores son escasos. Por el listado de bibliografía adjunto se observa que la mayoría de estudios realizados en la materia son generales; estudios realizados por manuales de Derecho Internacional Privado donde accesoriamente se expone cuestiones del contrato de trabajo.  Salta a la vista que se trata de un campo de investigación donde todavía queda mucho por hacer.

IV.- Hipótesis de partida y objetivos del proyecto

La hipótesis fundamental de partida del proyecto es que la globalización de las empresas españolas requiere de seguridad jurídica. Sin una ordenación de la legislación que otorgue claridad en sus términos expositivos, las empresas pequeñas y medianas difícilmente podrán asumir el riesgo de una aventura como la externalización. Un análisis en profundidad de la legislación aplicable como el que se pretende realizar en este trabajo evitará, lo que no es poco, la confusión existente.

Por su parte, el Estado se enfrenta a un gran reto respecto a lo movilidad internacional de los trabajadores: i) Cómo asegurar la protección de sus empresas ante comportamientos oportunistas derivados de la libertad de prestación de servicios; ii) Cómo proteger a los trabajadores residentes en su país y a los trabajadores migrantes; iii) Cómo enfrentarse a los problemas derivados de un sistema de Seguridad Social pensado para trabajadores inamovibles del territorio nacional.

En este estudio somos conscientes de la necesidad de cambios legislativos en este sentido, pero se requiere un análisis mucho más profundo para dar respuesta a estas preguntas.

Así las cosas, el proyecto persigue como objetivos específicos los siguientes:

  • Análisis de la competencia judicial internacional de trabajadores: Análisis de los Tribunales competentes para resolver conflictos internacionales de trabajadores a nivel individual, colectivo y de Seguridad Social
  • Derecho aplicable a las relaciones internacionales de trabajadores: Análisis de cuál será el derecho aplicable en conflictos internacionales de trabajadores a nivel individual, colectivo y de Seguridad Social,
  • Análisis y estudio del alcance del concepto de salario mínimo aplicable a los trabajadores desplazados dentro de la Unión Europea para contratas de servicios extraído de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE.
  • Análisis de los cambios de modelo de Seguridad Social provocados por la creciente movilidad internacional de los trabajadores. El objetivo será proponer soluciones a los problemas planteados por la incoherencia entre unos sistemas nacionales pensados para trabajadores que prestan servicios toda la vida en el mismo país y la nueva realidad global.
  • Evaluación y análisis de propuestas de adaptación a nuestro ordenamiento jurídico de los preceptos establecidos en la propuesta de Directiva realizada por la comisión europea sobre trabajadores desplazados para permitir al legislador español una mejor transposición.
  • Por último, un objetivo principal para nuestro proyecto consiste en dar a conocer y trasmitir a la sociedad, a los operadores jurídicos, abogados, empresas, jueces, inspectores –hacienda y trabajo-, el conocimiento necesario sobre esta materia para poder aplicarla. De esta forma, los seminarios y congresos, así como la organización de cursos específicos para diferentes profesiones, será un objetivo primordial.

En cuanto a la adecuación del proyecto a la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, hay que tener en cuenta que la Estrategia española tiene como eje prioritario “la Internacionalización” de la ciencia española, incluyendo como subejes la movilidad exterior. De esta forma, el proyecto presentado se ajusta a la perfección a los intereses de la Estrategia Española dado que sin un entorno seguro jurídicamente no puede haber movilidad internacional de científicos. Este proyecto dará un entorno jurídicamente seguro para la movilidad de investigadores en todos los campos científicos tanto públicos como privados, permitiendo una mayor y mejor movilidad.

La necesaria movilidad internacional de nuestros científicos puede toparse con barreras infranqueables derivadas de los conflictos que pueden surgir entre empresas e investigadores. De esta forma, este proyecto mejorará la internacionalización de nuestras empresas punteras en I+D+i facilitando y mejorando nuestro conocimiento.

2. La metodología de análisis. El catálogo de los supuestos a analizar y la necesaria perspectiva interdisciplinar

 No hay duda alguna acerca del interés práctico del estudio para los despachos jurídicos y para los órganos judiciales que, cada vez más, han de enfrentarse a este tipo de problemas, con o sin instrumentos jurídicos internacionales o comunitarios claros a su alcance. Tampoco puede dudarse de la complejidad del tema, plagado de situaciones sin resolver, y de la consiguiente necesidad de llevar a cabo un estudio exhaustivo – y obligatoriamente interdisciplinar- del mismo.

Por todo ello, se ha entendido que lo oportuno era abordar la cuestión –la ley aplicable y la jurisdicción competente en las relaciones laborales internacionales- por parte de un equipo de investigadores procedentes de las diferentes áreas del Derecho implicadas: internacional privado, financiero y laboral.

Además, se entiende que deberían analizarse, una por una, todas las situaciones que puedan suscitarse. Escogiendo aquellos casos en los que exista algún elemento de la relación laboral con nacionalidad española –bien el trabajador, bien el lugar de trabajo, o bien la empresa- y combinando las distintas nacionalidades (española, comunitaria y extracomunitaria) de cada uno de ellos, el catálogo de supuestos que deben analizarse es el siguiente:

 

A) Situaciones en las que el trabajador tiene la nacionalidad española:

1.- Trabajador español prestando servicios en España a una empresa española.

2.- Trabajador español prestando servicios en España a una empresa comunitaria.

3.- Trabajador español prestando servicios en España a una empresa extracomunitaria.

4.- Trabajador español prestando servicios en un país comunitario a una empresa española.

5.- Trabajador español prestando servicios en un país comunitario a una empresa comunitaria.

6.- Trabajador español prestando servicios en un país comunitario a una empresa extracomunitaria.

7.- Trabajador español prestando servicios en un país extracomunitario a una empresa española.

8.- Trabajador español prestando servicios en un país extracomunitario a una empresa comunitaria.

9.- Trabajador español prestando servicios en un país extracomunitario a una empresa extracomunitaria.

 

B) Situaciones en las que el trabajador tiene la nacionalidad comunitaria:

10.- Trabajador comunitario prestando servicios en España a una empresa española.

11.- Trabajador comunitario prestando servicios en España a una empresa comunitaria.

12.- Trabajador comunitario prestando servicios en España a una empresa extracomunitaria.

13.- Trabajador comunitario prestando servicios en un país comunitario a una empresa española.

14.- Trabajador comunitario prestando servicios en un país extracomunitario a una empresa española.

 

C) Situaciones en las que el trabajador tiene la nacionalidad extracomunitaria:

15.- Trabajador extracomunitario prestando servicios en España a una empresa española.

16.- Trabajador extracomunitario prestando servicios en España a una empresa comunitaria.

17.- Trabajador extracomunitario prestando servicios en España a una empresa extracomunitaria.

18.- Trabajador extracomunitario prestando servicios en un país comunitario a una empresa española.

19.- Trabajador extracomunitario prestando servicios en un país extracomunitario a una empresa española.

 

Dado que uno de los objetivos principales es dar respuesta a una necesidad del mercado –mayor conocimiento y claridad sobre el derecho aplicable en caso de movilidad internacional de trabajadores- este proyecto pretende aplicar una metodología innovadora. Una metodología que aspira a obtener conocimiento directo de la realidad para conocer cuáles son las necesidades a cubrir. Para ello, se realizarán seminarios y reuniones con abogados, empresas, jueces y, en su caso, inspectores, con objeto de conocer cuáles son los problemas jurídicos a los que se enfrentan día a día.

Habitualmente en los proyectos de investigación, estas reuniones se realizan al final de la investigación con el objeto de aportar los “resultados” a la sociedad, si bien esos resultados pueden no interesar a nadie. En nuestro caso se pretende realizar a la inversa, averiguando primero cuáles son los problemas jurídicos más relevantes y necesitados de solución, para analizarlos posteriormente y poder transferir con efectividad los resultados de nuevo a la sociedad. Con este círculo virtuoso se pretende conseguir mejores resultados y un mejor uso de la financiación obtenida.